La evolución de La Habana, y con ella de Cuba, de última villa a centro del poder colonial tiene varios momentos a los cuales es necesario prestarles atención con mayor sentido. Uno de los puntos fundamentales para la consolidación del poder jurídico de la ciudad fue el establecimiento de la Real Audiencia Pretorial de La Habana.
En las primeras décadas del siglo XVI (entre 1511 y 1521) el gobierno español determinó que Santo Domingo, como capital de La Española, sería el centro jurídico de las Indias Occidentales. Por disposición real se creo la Audiencia de Santo Domingo y a este distrito quedaron supeditadas las Islas de Cuba, Puerto Rico, Jamaica, Tierra Firme y Nueva España. hasta que paulatinamente cada una fue creando sus propias audiencias.
Las primeras leyes que rigieron en Cuba, por tanto, eran las que se determinaban desde la institución judicial radicada en Santo Domingo. El Capitán General de la Isla, radicado en Santiago de Cuba (o solamente Cuba como aparece en múltiples documentos de la época) era la primera instancia del derecho, siendo en cada villa los alcaldes, y en el caso de la Habana el teniente a guerra, los encargados de impartir la justicia ordinaria.
Las apelaciones de la Isla de Cuba viajaban a Santo Domingo y muy raramente, en aquellos primeros años, llegaban las resoluciones de los fallos al Consejo de Indias radicado en Cádiz, España.
¿Qué provocaba este sistema de gobierno?
Estancamiento, esa es la resolución más directa. En gran medida el atraso constructivo y mercantil de aquella época es reconocible debido al alto grado de burocracia y a la ineficiencia de los organismos intermedios involucrados en cualquier decisión mercantil. El inmovilismo de las relaciones comerciales se extendería por siglos y sería una de las causas que llevaron a los hacendados criollos a las guerras independentistas.
La situación geográfica de la Capital fue fundamental para que el Capitán General se trasladase a la misma. La ruta de la Plata hacia escala en la bahía de Carenas aprovechando el buen fondaje de la misma y fue esta razón la que permitió que la villa pasara de puerto menor a principal ciudad de la Isla de Cuba.
La Real Audiencia Pretorial de La Habana
Para solucionar este asunto desde la Metrópoli decidieron establecer la Real Audiencia Pretorial de La Habana (de la cual fue primer abogado José Victoriano Betancourt). Sobre este tema reproducimos un texto de el Conde de San Juan de Jaruco quien profundizó en las páginas del Diario de La Marina (25 de mayo de 1947) sobre este tema.
La audiencia de Santo Domingo fue el primer tribunal de justicia que se estableció en la América Española, y a la cual tenía que recurrirse en busca de una sentencia definitiva, para todas las causas que eran falladas por los alcaldes mayores provinciales y por los auditores de guerra de la isla de Cuba, hasta que más tarde fue creada la audiencia de Puerto Príncipe, la cual fue suprimida por real decreto el 21 de octubre de 1853.
Durante el gobierno del teniente general don Joaquín de Ezpeleta y Enrile, capitán general de la isla de Cuba, natural de La Habana, se creó por real decreto de 16 de junio de 1838, la audiencia pretorial de esta ciudad, la cual una vez suprimida la de Puerto Príncipe, se convirtió en el tribunal superior de justicia de toda la isla de Cuba. Era éste un cuerpo colegiado que sentenciaba en apelación, compuesto en un principio por un regente (don Fermín Gil de Linares, fue el primero), cuatro oidores, dos fiscales, un canciller registrado, cuatro relatores, dos agentes fiscales, tres escribanos de cámara y un procurador.
El ilustre capitán general Ezpeleta, nació en la fortaleza del Morro el 19 de septiembre de 1788, durante el gobierno interino en esta isla, de su padre, el mariscal de campo don José de Ezpeleta y Galdeano, conde de Ezpeleta de Beire. Durante su mando en Cuba, organizó el cuerpo de bomberos de La Habana, inauguró el teatro de tacón y concluyó el camino de hierro de La Habana a Güines.
En los primeros tiempos, careciendo de casa propia la audiencia pretorial de La Habana, se alojó provisionalmente en el palacio de los capitanes generales de la Isla, en un departamento alto que hacía esquina a la calle de Obispo y Mercaderes, donde permaneció hasta 1844, en que fue trasladada a una casa de la propiedad de un miembro de la familia Pedroso, situada al principio de la calle de Cuba, frente a la entrada del puerto de La Habana.
En el mismo edificio de la audiencia pretorial de La Habana se encontraban establecidas todas las oficinas dependientes a ella, como eran la Real Sala de Guerra y Marina, subdelegación de Penas de Cámara y la Junta Superior de Competencias. Las cuales:
La Real Sala de Guerra y Marina, estaba destinada para todos los asuntos contenciosos que ocurría en las jurisdicciones del apostadero militar. La subdelegación Penas de Cámara, tenía por (ilegible) en esta capital, un (ilegible) general, un secretario, que era uno de los escribanos de cámara y un alguacil. La Junta Superior de Competencias, era para discutir todas las que suscitaban entre las autoridades y juzgados de toda la isla, ordinarios o especiales, y entre los juzgados de un mismo fuero que no tenían un tribunal superior común a los competidores.
Uno de los primeros y más distinguidos regentes que tuvo la real audiencia pretorial de La Habana, fue el licenciado José María Zamora y Coronado, natural de Guatemala, que fue además magistrado honorario de la audiencia de Puerto Príncipe y director de la Sociedad Económica de Amigos del País de La Habana, en una época en que el eminente educador cubano, licenciado José Cipriano de la Luz y Caballero, desempeñaba el cargo de vicedirector de esa prestigiosa sociedad.
El regente licenciado José María Zamora Coronado, escribió en La Habana, y publicó en Madrid en 1840, el Registro de la legislación ultramarina, especie de cedulario utilísimo, en el que se ha clasificado con la prolija paciencia de un laborioso benedictino, el cuerpo enorme e indigesto de la legislación ultramarina.
Casó en Camagüey el referido licenciado Zamora, con la distinguida doña María de los Angeles de Quesada y Guerra, perteneciente a una de las más antiguas y nobles familias de la villa de Santa María de Puerto Príncipe, con la que tuvo entre otros hijos a:
Doña María Dolores Zamora y Quesada, que casó con don Narciso José de Peñalver y Peñalver, conde de Peñalver, que publicó varias interesantes obras sobre filosofía y religión. Peñalver era miembro destacado de una de las más ilustres familias del país, cuyos ascendientes conquistaron por servicios realizados en Cuba, varios títulos de Castilla, entre los que se encuentran los marquesados de Arcos y de Casa-Peñalver, condados de Santa María de Loreto, de San Fernando de Peñalver y de Peñalver. De su matrimonio dejó por hijo a:
Don Nicolás de Peñalver y Zamora, que fue conde de Peñalver, marqués de Arcos, diputado a Cortes por Luarca y alcalde de Madrid. Falleció sin hijos, por lo que le sucedió en los referidos títulos nobiliarios, su hermano Enrique, que casó con su prima doña María Zamora y Pérez de Urría, nieta del distinguido licenciado don José María Zamora y Coronado regente de la real audiencia pretorial de la Habana.
La ilustre familia de Peñalver, que cuenta entre sus ascendientes directos al doctor Diego de Peñalver Angulo y Arias, que pasó al Nuevo Mundo con el cargo de gobernador de la isla de Jamaica, lleva por armas en campo de oro, un águila negra posada sobre una peña. Fue Peñalver uno de los últimos gobernadores españoles que tuvo Jamaica, teniendo que emigrar a Cuba su hijo, el capitán Diego Peñalver Angulo y Fuentes donde ocupó primeramente el cargo de alcalde ordinario de Santiago de Cuba, y más tarde el de tesorero, contador, juez oficial real de Hacienda en La Habana, dando origen a una noble y numerosa descendencia en nuestro país.
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