La Ley de Alquileres, Conocida también como “Ley Palma“, fue una ley cubana promulgada en 1937 durante el gobierno del coronel Federico Laredo Brú, con el objetivo de proteger a los inquilinos de los excesivos aumentos de alquiler por los propietarios de viviendas ante la escasez alarmante de estas.
Fue presentada por el representante Carlos Palma el 26 de mayo de 1936 y aprobada, finalmente, por la Cámara de Representantes más de un año después, el 23 de diciembre de 1937.
Ley de Alquileres… contra el desahucio
El instrumento jurídico impedía la especulación con los alquileres al fijar el máximo precio de arrendamiento en el que se encontraba vigente el 1ro de enero de 1936. Esta venía a ser una medida complementaria, para proteger, fundamentalmente, a las familias de menos recursos económicos, tras la suspensión de los desahucios en septiembre de 1933, tras la caída del gobierno de Gerardo Machado.
La Ley Palma fue combatida desde el principio por los propietarios que la estimaban como “antieconómica y antijurídica”, protestando desde todas las corporaciones que controlaban: la Federación Nacional de la Propiedad, el Centro de la Propiedad Urbana de La Habana, la Sociedad Cubana de Ingenieros y muchas otras; sin embargo fue muy popular entre los arrendatarios que vieron en ella un instrumento para protegerse de la especulación desmedida.
A partir de su promulgación la Ley de Alquileres se convirtió en una bandera política que ningún gobierno cubano se atrevió a derogar. A pesar de las fuertes presiones de las clases más poderosas del país la Ley fue prorrogada de forma constante hasta el triunfo de la Revolución Cubana de 1959, con el consecuente desagrado de los dueños de inmuebles.
Sólo lograrían los propietarios, y eso tras constantes batallas jurídicas y boicots, que las construcciones nuevas quedaran excluidas de la Ley, lo que provocó la expansión de las ciudades hacia los llamados “repartos residenciales” que se construyeron en sus periferias durante la década de 1950.
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